La Posición Común de América Latina y el Caribe sobre Cambio Climático y Salud es una declaración histórica a nivel regional, respaldada por más de 50 signatarios originales, entre los que se incluyen la sociedad civil del sector sanitario, la academia, organizaciones gubernamentales y humanitarias, organizaciones juveniles y más.
Desarrollada mediante un proceso participativo y multisectorial, define seis pilares estratégicos: protección de la salud, mitigación, adaptación, justicia climática, liderazgo y financiamiento. La Posición se basa en la evidencia científica y el conocimiento local, consideraciones de equidad y determinantes sociales de la salud e insta a una acción climática audaz e integrada que priorice la salud de las personas.
Su objetivo es influir en la COP30 y más allá, ofreciendo una voz regional unida y un modelo replicable para una gobernanza climática inclusiva y basada en derechos que responda a las realidades de las comunidades vulnerables en toda ALC.
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Firme como organización y contribuya a que la salud de las personas sea el eje central de la acción climática en América Latina y el Caribe.
En resumen:
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) se encuentran entre las regiones más vulnerables al cambio climático, a pesar de contribuir sólo con una modesta proporción de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Los impactos ya son visibles: calor sin precedentes, aumento de enfermedades transmitidas por vectores, desnutrición, migración forzada y crecientes desigualdades en salud, especialmente para pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas y comunidades rurales. Ante la amenaza del cambio climático de revertir décadas de avances en salud pública, la región exige una acción climática urgente, justa y centrada en la salud.
La Posición Común de América Latina y el Caribe identifica seis pilares de acción clave que se resumen a continuación:
1. Proteger la salud frente a los impactos del cambio climático
El cambio climático daña la salud a través de olas de calor, tormentas, inseguridad alimentaria y enfermedades. También agrava los problemas de salud mental y sobrecarga los sistemas de salud.
Entre 2013 y 2022, niñas, niños y personas mayores en ALC experimentaron más del 250% de días con olas de calor por año en comparación con 1986–2005.
- Integrar la salud física y mental en políticas de adaptación, mitigación, preparación y respuesta ante crisis climáticas.
- Fortalecer la Atención Primaria de Salud con enfoques territoriales, diferenciados y con perspectiva de género.
- Financiar investigación en cambio climático y salud con pertinencia local y participación comunitaria.
- Establecer redes de vigilancia, observatorios y mecanismos de intercambio de información transfronteriza.
2. Mitigación con co-beneficios para la salud
La salud debe ser un pilar fundamental de las políticas climáticas nacionales. La descarbonización ofrece una oportunidad para mejorar determinantes de salud y reducir desigualdades.
El 99% de la población en la región está expuesta a la contaminación del aire; se estiman 320,000 muertes prematuras anuales asociadas a esta exposición.
- Alinear las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) con la meta de 1.5°C e integrar la salud como prioridad transversal.
- Promover una transición justa y saludable fuera de los combustibles fósiles, apoyando un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
- Transformar los sistemas alimentarios para garantizar dietas nutritivas, sostenibles y culturalmente adecuadas.
- Descarbonizar el sector salud y medir su huella de carbono.
3. Justicia climática y equidad
El cambio climático amplifica desigualdades preexistentes, afectando de forma desproporcionada a quienes menos han contribuido a la crisis: pueblos indígenas, poblaciones afrodescendientes, mujeres, comunidades rurales y marginadas.
En Sudamérica, los pueblos indígenas sufren el doble de mortalidad por humo de incendios forestales que las poblaciones no indígenas.
- Implementar plenamente el Acuerdo de Escazú y otros instrumentos de derechos humanos.
- Reconocer e incluir los saberes ancestrales y cosmovisiones como el Buen Vivir.
- Rechazar falsas soluciones y garantizar una toma de decisiones inclusiva y basada en evidencia.
- Abordar la migración climática, los derechos territoriales y las transiciones justas en los sectores extractivo y alimentario.
4. Adaptación y resiliencia de los sistemas de salud
Los países de ALC deben escalar urgentemente sus esfuerzos de adaptación, enfrentando obstáculos en gobernanza, financiamiento y capacidades técnicas.
Solo 11 países de la región tienen planes nacionales de salud y cambio climático; apenas 10 han realizado evaluaciones de vulnerabilidad.
- Integrar la salud en los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) y otros instrumentos climáticos como NDC y NAMA.
- Desarrollar sistemas de alerta temprana, infraestructura sanitaria resiliente y planes comunitarios de preparación.
- Incorporar la salud mental en la adaptación climática con enfoques comunitarios y culturalmente adecuados.
- Apoyar el Plan de Acción en Salud de Belém con vínculos claros al financiamiento, mitigación y colaboración intersectorial.
5. Liderazgo del sector salud: educación, acción y gobernanza
El sector salud debe ser un agente activo en la acción climática mediante formación, gobernanza e incidencia comunitaria.
La mayoría de las universidades de la región no incluyen el cambio climático en la formación de grado en salud.
- Formar al personal sanitario en cambio climático y salud ambiental en todos los niveles.
- Incluir a las autoridades de salud en espacios de gobernanza climática y toma de decisiones.
- Fortalecer la capacidad institucional y la articulación intergubernamental.
- Promover la participación juvenil e incorporar la salud y el cambio climático en los planes educativos nacionales.
6. Financiamiento para el cambio climático y la salud
El financiamiento climático actual excluye en gran medida la salud, a pesar de su rol central en la resiliencia y el bienestar.
Solo el 11.6% de las inversiones del Fondo Verde para el Clima en ALC abordan la salud.
- Incluir proyectos de salud pública en las carteras de financiamiento internacional (FVC, GEF, Fondo de Adaptación).
- Incorporar indicadores de salud y análisis costo-beneficio en proyectos de sectores como transporte, energía y alimentación.
- Financiar observatorios nacionales y regionales y fomentar investigación con pertinencia territorial.
- Garantizar que los beneficios para la salud no solo se mencionen en propuestas, sino que se midan, reporten y prioricen.Informe completo y comunicado de prensa
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